
De esta forma se lograrían dos objetivos:
- Reducir los gastos de dependencia a costa de dejar fuera a las personas sin recursos económicos, que sólo pueden acceder a servicios a través de la red pública.
- Reflotar la economía de estas empresas privadas a las que no le va bien el negocio.
Podríamos pensar que esta situación es sólo el resultado de
una opción política, pero en la calle Colón se percibe desde hace tiempo un
tufo raro. ¿Por qué las adjudicaciones de contratos
de gestión de centros públicos sistemáticamente van en los últimos años a las
mismas empresas? ¿Qué extraña conexión tienen estas empresas privadas con el
Secretario Autonómico o la Directora General de Dependencia? ¿Hay alguna
relación entre la política de privatización de la red pública y la afición de
un alto cargo de la conselleria a asistir junto a una empresa privada de postín
a eventos culturales muy caros?
Seguiremos informando...
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